La publicación, en el BOE del martes 6 de julio, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que modifica, asimismo, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es una oportunidad histórica para que las empresas del sector de los áridos, puedan reconducir a términos equilibrados la situación que se ha venido dando hasta la fecha, sin precedente en Europa, en la que los aplazamientos de pago superaban con frecuencia los 240 días.
Tal y como reza en el preámbulo de la Ley 15/2010, “los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.”
Asimismo, “la reforma tiene por objeto corregir desequilibrios y aprovechar las condiciones de nuestras empresas con el fin de favorecer la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía española, que nos permita crear empleo de forma estable, en línea con una concepción estratégica de la economía sostenible”.
La Ley es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
